Entre julio y diciembre de 2023, el Consejo Europeo, bajo presidencia española, deberá aprobar una batería de propuestas y reformas de calado que medirán el prestigio del poder de negociación del Gobierno que salga de las urnas. La cuestión electoral será un factor clave para este cometido, sobre todo si se produce un cambio de Ejecutivo. El hecho es que las expectativas generadas para este mandato son elevadas por la celebración de elecciones al Parlamento Europeo en 2024 y la necesidad de que ciertas propuestas sean aprobadas con anterioridad.
El presidente Sánchez ha estructurado los principales objetivos en los que España centrará su Presidencia en cuatro grandes ejes, que pasan por reindustrializar la Unión Europea para evitar la dependencia excesiva de terceros países en ámbitos cruciales como la energía, la salud, las tecnologías digitales y la alimentación. También se promoverá la diversificación de las relaciones comerciales, colocando a América Latina como una prioridad. El segundo objetivo será avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental, así como la consolidación del Pilar Social, esto es, “lograr una mayor justicia social y económica”, según el Gobierno, como el tercer pilar. Por último, se tomarán medidas para la mayor profundización del mercado interior, la culminación de la unión bancaria y la unión de los mercados de capitales.
De todos estos deberes, los encuestados para el monográfico de PwC, han seleccionado sus prioridades. En primer lugar, destacan que lo más relevante es la búsqueda de un acuerdo en la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento recientemente planteado por la Comisión Europea. Aquí España tendrá que acercar posturas en la dureza de los planteamientos fiscales de Berlín, frente a la petición de flexibilidad que llega desde París y Roma.
Los expertos, empresarios y directivos encuestados están totalmente de acuerdo en reducir el gasto público y que se sitúe por debajo del ratio de crecimiento. También reclaman, en un 54,4%, que existan sanciones para los países que se desvíen de lo acordado. No obstante, apoyan, también en un 54,4%, que existan negociaciones con cada Gobierno para establecer el calendario de recortes. Menos de la mitad de los que han respondido a la encuesta están “totalmente de acuerdo” en que se mantenga el criterio de que el déficit no supere el 3% del PIB y la deuda del 60%.
Respecto a las propuestas que deben ser vitales para la UE, los derechos sociales y el Pacto Verde no concitan muchos adeptos, con apoyo incondicional de solo el 33,3% y el 37,2% respectivamente. Probablemente, los encuestados consideran que, desde la pandemia y la guerra en Ucrania, los apoyos europeos a estas dos cuestiones ya han sido generosos económicamente y, por eso, ahora se apuesta más por la digitalización y la industria de defensa.
Sobre la digitalización de la economía, lo que más preocupa es la ciberseguridad y la transformación online de las Administraciones Públicas y de las empresas medianas y pequeñas. Las respuestas van en sintonía con una reclamación de las organizaciones empresariales por una mayor eficiencia digital de la Administración, cuyos retrasos frenan el desarrollo de los negocios, también para los ciudadanos. Por otro lado, la escasa digitalización de las pymes es un problema detectado desde hace tiempo que se intenta solventar con planes específicos desde los Fondos Next Generation de la Unión Europea. Precisamente, la falta de competitividad de la economía española se debe, en buena parte, según diferentes análisis económicos, a esta escasa digitalización de las pymes, que representan más del 90% del tejido productivo.
Los economistas reconocen la dificultad que existe en anticipar hacia dónde va la economía mundial. Estados Unidos está en clara desaceleración, con riesgo de acabar en recesión, China presenta un crecimiento decepcionante por la crisis inmobiliaria y Europa vive una recuperación lenta y desigual, con la locomotora alemana casi parada. La guerra en Ucrania ha provocado una inflación salvaje, que ahora se modera, lo que ha provocado una subida vertical de los tipos de interés. El mercado laboral ha sido la gran sorpresa, demostrando una resistencia que nadie esperaba.
En este incierto panorama, la situación de España es positiva, con crecimientos esperados para 2023 en torno al 2%. Los directivos, analistas, economistas y miembros de patronales entrevistados que forman parte del panel de expertos de PwC, coinciden con esta visión optimista. Casi el 92% considera que España vive ahora un momento bueno o regular. Dentro de un año, el 46,6% augura una situación mejor, frente a un 24,3% que considera que empeorará.
De las respuestas de los encuestados se deduce que no esperan un decaimiento económico como efecto de la subida de los tipos y, por lo tanto, del coste de los créditos. Tampoco parecen temer el final de la mejoría del turismo tras trimestres de fuertes incrementos. De hecho, en noviembre de 2022, el 71,2% consideraban que el PIB iba a empeorar y ahora sólo son el 23% los que lo piensan. Y para junio de 2024, el 74,7% de los encuestados espera que la economía vaya igual o mejor que ahora.