La mayoría de nuestros expertos consideran que el aumento del gasto en pensiones pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este sentido, añaden que las desviaciones discrecionales del gasto público son uno de los riesgos para cumplir con los objetivos del Plan Presupuestario 2023. La encuesta, realizada poco antes de conocer los términos de la reforma de las pensiones, reúne opiniones mayoritarias que piden que la AIReF realice un control de las cuentas públicas, lamentan que no se haya aprovechado este periodo para realizar una reforma fiscal y consideran que queda mucho por hacer para controlar el fraude fiscal.
La crisis económica provocada por la pandemia, incrementada posteriormente por la invasión de Ucrania, ha perjudicado a las cuentas públicas españolas. El modelo seguido por toda Europa para atajar esta situación se ha basado en fuertes ayudas públicas a empresas, trabajadores y, sobre todo, a los más vulnerables, que han supuesto fuertes incrementos de la deuda y el déficit público. Según los últimos datos, la deuda pública se situó en enero en 1,489 billones de euros, un 0,8% menos que en diciembre, pero un 4,5% más respecto al mismo mes del año pasado (64.705 millones más). La ratio de deuda pública sobre PIB, a finales del año 2022, –último dato confirmado– era del 113,1%, lo que supone una reducción de 5,2 puntos sobre el cierre de 2021, y de más de 7 puntos sobre el máximo alcanzado en la pandemia. Representa la mayor caída de la ratio en la historia reciente de España gracias a la positiva evolución de la economía española, con un crecimiento del 5,5% del PIB, y a la mejora de los ingresos públicos. En cuanto al déficit, se desconoce el cierre de 2022, pero las últimas previsiones del Gobierno establecen que en 2023 se situará en el 5% y que en 2024 será del 3,3%.
Pese a estos datos, los expertos consultados para este Consenso Económico y Empresarial son escépticos. Consideran que el paquete anticrisis aprobado a finales de 2022, que incluye un cheque para familias vulnerables, la reducción del IVA y el apoyo para los gastos de transporte público, provocará que los pagos de las Administraciones Públicas excedan las cifras originalmente propuestas. En este capítulo, el 69% de los encuestados considera que los casi 20.000 millones que supone el aumento de gasto en pensiones “pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Solo el 6% de los preguntados está completamente en desacuerdo con esa afirmación.
Entre los encuestados, la preocupación por el incremento del gasto público recorre las respuestas de toda la encuesta, en la que casi un 78% considera que los objetivos presupuestarios del Gobierno están claramente condicionados por el año electoral. Y añaden que los actuales objetivos de deuda y déficit son demasiado laxos. Sin embargo, la mayoría de los encuestados, -el 61%- dice no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo cuando se le interroga sobre si estos objetivos de ingresos presupuestarios “resultan factibles y creíbles”.
Aunque la mayoría se inclina por pensar que la reducción del déficit público es “puramente cíclico” y no se reduce su componente estructural, no hay una postura clara cuando se pregunta si ven riesgos de que los mercados o las agencias de calificación eleven la prima de riesgo española durante este año. Solo el 48% cree que esto puede ocurrir, pese a que el Banco Central Europeo ya ha dejado de adquirir la deuda pública de los Estados.
La economía española está llevando la contraria a las previsiones más pesimistas y ha evitado la recesión. Nuestros expertos coinciden en señalar un moderado optimismo para los próximos trimestres, si bien la encuesta se realizó antes de la tormenta financiera. Esperan que la situación de las empresas mejore, que las familias mantengan cierta capacidad de consumo (aunque el 49% apunta que puede caer) y que caiga la demanda de viviendas. Este optimismo es mayor en cuanto a las exportaciones, pero se señala a la inflación como el gran problema que frena la demanda y que seguirá empujando los precios. En cuanto a los tipos, la previsión mayoritaria es que no sobrepasen el 4% ni este año ni en 2024.
La incertidumbre por la situación de los frentes de guerra en Ucrania, en donde parece que el conflicto se alargará meses, pesa cada vez menos en las perspectivas económicas. Sin duda, el hecho de que el invierno haya transcurrido sin problemas de suministro de gas en Europa y con su precio -y el de otras materias primas- descendiendo a niveles de casi preguerra, despejan nubarrones. No obstante, nadie cuestiona que la economía española se ha desacelerado desde el 5,5% de 2022 hasta el 1,6% previsto para este ejercicio.
Las cadenas de suministro regresan a niveles de casi normalidad y la inyección de Fondos Europeos comienza a ser una realidad… pero ha estallado una tormenta financiera en Estados Unidos y en Suiza, provocando la fusión de los dos gigantes, UBS y Credit Suisse, que abre un panorama desconocido en los mercados. Este último acontecimiento bancario es posterior al cierre de la encuesta de Perspectivas de la Economía España.
Descartada la recesión, los panelistas han regresado a un optimismo sobre el momento coyuntural de la economía, ya que el 80% cree que la situación es regular o buena, frente al 65% que lo pensaba en noviembre de 2022. Para dentro de un año, los que esperan que el entorno mejore han crecido en 19 puntos, ya son el 48%. Solo el 23% espera más dificultades.