Los expertos y directivos españoles consideran que será crucial la colaboración entre la Administración y las empresas para que nuestro país sea capaz de sacar el máximo provecho de las ayudas para la reconstrucción aprobadas por la Unión Europea. Esta es una de las principales conclusiones de la encuesta sobre El Fondo Europeo de Recuperación, realizada por PwC entre un colectivo de empresarios, directivos y expertos de universidades y centros de investigación económica. Concretamente, el 44,2% de los encuestados cree que sería necesaria la creación de un grupo de trabajo, coordinado por la Presidencia de Gobierno, que se ocupe de preparar los proyectos en estrecha colaboración con las empresas españolas y con las comunidades autónomas.
No obstante, los expertos, directivos y empresarios que han participado en el informe no las tienen todas consigo y temen que la falta de información no permita a nuestras empresas sacar el máximo provecho de los fondos. Sólo el 9,6% de los encuestados asegura que el sector privado es plenamente consciente de su existencia y de cuáles son los procedimientos para poder acceder a los mismos, y un 37,5% cree que hay un enorme desconocimiento por parte de las empresas sobre cómo plantear propuestas viables y de qué tipo de proyectos serán financiados por el programa de recuperación. En este sentido, la reciente creación de una Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos por parte de la CEOE y de PwC para dar apoyo técnico a las compañías y aprovechar de la manera más eficaz los recursos procedentes del Fondo Europeo de Recuperación podría mitigar este riesgo.
Pero, además, los encuestados señalan tres obstáculos que podrían impedir absorber los fondos europeos y lograr la transformación de la economía. El primero de ellos, según el 77,1% de los entrevistados, es la fragmentación y la polarización política, que reduce el escrutinio y el peso de los argumentos técnicos. El segundo, para el 54,3% de los expertos, se centra en el hecho de contar con una Administración Pública poco ágil y excesivamente burocratizada. Y el tercero -según el 41,9%-tiene que ver con la actual estructura territorial del Estado y con los problemas de coordinación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Las grandes reformas que necesita España
Por lo que conocemos hasta la fecha, los fondos europeos tienen como grandes objetivos la transformación digital, verde e inclusiva, y la intención es que sean estos proyectos los que aglutinen un mayor apoyo económico. Sin embargo, cuando se les pregunta a los directivos y empresarios sobre si estas prioridades responden a las necesidades de la economía española, no hay una opinión claramente definida, aunque la mayoría (40%) considera que estos objetivos son lo suficientemente genéricos como para poder incluir bajo cada uno de ellos las grandes inversiones que necesita nuestro país. Otro 38,7% cree, sin embargo, que estos ejes no coinciden con las prioridades de nuestro país.
¿Cuáles consideran los encuestados que deberían ser las grandes reformas estructurales que necesita España? En este caso, la opinión de los expertos, empresarios y directivos es más evidente. Si se pudieran pactar cinco grandes reformas ambiciosas para nuestra economía, los encuestados apuestan, en este orden de prioridad, por la educación (68,6%), el mercado laboral (50,4%), la Administración Pública (48,6%), las pensiones (47,6%) y por una reorganización de la fiscalidad (40%).
Los expertos y directivos también se pronuncian sobre el grado de condicionalidad que, finalmente, irá asociado a la utilización del Fondo de Reconstrucción. El 61,3% de los encuestados se muestra contrario a que estas ayudas no tuvieran condicionalidad y se incorporaran a los presupuestos nacionales sin mayor control posterior, y el 41,5% asegura que deben estar sujetos a una estricta condicionalidad, similar a la de los programas de rescate que se produjeron, entre 2010 y 2013, para evitar el riesgo de que no se utilicen correctamente.
En general, existe una falta de certidumbre entre los entrevistados sobre si España conseguirá aprovechar los fondos europeos para transformar la economía y ponerla en una mejor posición para competir, ganar convergencia económica con los países del norte de Europa y tener más influencia en la Unión Europea. Cuando se les interroga sobre cómo creen que verán el impacto de estos fondos en 2030, la mayoría prefiere no pronunciarse.
Respuesta europea a la pandemia
La encuesta, realizada entre el 2 y el 23 del pasado julio, incluye dos tipos de preguntas. Unas relativas a las implicaciones del Fondo de Recuperación para España y, otras, más centradas en la respuesta europea a la pandemia. En este último sentido, el 53% de los expertos, directivos y empresarios coincide en que la respuesta de la UE ha estado a la altura del desafío que está suponiendo la pandemia, sólo un 11% estima que no ha sido así -y que la UE corre un serio riesgo de desintegración y de ruptura del euro en el medio plazo-, y un 40,3% asegura que aún es pronto para valorarla.
Los encuestados también se manifiestan sobre cuáles deberían ser las medidas de estímulo por las que debe apostar el Gobierno español. El 43% cree que debería incrementarse el gasto público y acompañar este aumento con bajadas de impuestos en lo que queda de año para aliviar el impacto de la pandemia.
La UE ha suspendido temporalmente, como respuesta a la pandemia, las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento sobre el control de déficit y la deuda. Una normativa que, para el 56,1% de los encuestados, debe reactivarse en cuanto dejemos la epidemia atrás, para poder equilibrar las cuentas públicas y reducir la deuda. En este sentido, el 54,3% de los expertos y directivos son conscientes de que, en el medio plazo, será necesario subir la recaudación impositiva, pero creen que para ello no hay que subir los tipos y bastaría con reducir las deducciones y luchar contra la economía sumergida.
Finalmente, los encuestados tampoco tienen una opinión muy definida sobre si es necesario modificar el mandato del BCE para dotarle un mayor margen de actuación en este tipo de circunstancias: mientras un 38,3% considera que no habría que hacerlo, un 33,6% piensa que se debería permitir la monetización del déficit en momentos excepcionales y flexibilizar el objetivo de inflación.
“Es crítico que se establezca en cada Estado miembro un modelo de gestión de los fondos europeos con los recursos necesarios para asegurar el máximo rigor en la selección de los mejores proyectos”.
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