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En los últimos años estamos presenciando un notable aumento de la cibercriminalidad, especialmente en las estafas de suplantación de identidad. Estas estafas suelen iniciarse con una llamada telefónica o un mensaje de texto en el que el remitente finge ser una entidad confiable, como puede ser un banco o una administración pública. El objetivo no es otro que engañar al receptor para que proporcione información personal y financiera confidencial, comparta sus claves personales o realice acciones como acceder a una página web, llamar a un número de teléfono o hacer una transferencia, entre otras.
Según la última Memoria de Reclamaciones del Banco de España publicada en octubre de 2023, las reclamaciones por fraude han duplicado su volumen respecto al año anterior. En concreto, la suplantación de identidad está detrás de alrededor del 47% de las reclamaciones.
También son cada vez más frecuentes los procedimientos judiciales que traen causa de este tipo de prácticas. Desde nuestra experiencia venimos observando como la tendencia de los tribunales es aplicar a los proveedores de los servicios de pago, un riguroso régimen de responsabilidad ante disposiciones no autorizadas, que solo cede cuando se prueba la actuación fraudulenta o gravemente negligente del usuario. Dicha responsabilidad se está también extendiendo, en determinados casos, a las operadoras de telefonía, por ejemplo cuando en el modus operandi ha concurrido una solicitud fraudulenta de duplicidad de tarjeta.
En este contexto, y ante la necesidad de adoptar medidas en el ámbito de las comunicaciones fraudulentas, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado un Proyecto de Orden por la que se establecen medidas para combatir las estafas de suplantación de identidad a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto fraudulentos y para garantizar la identificación de la numeración utilizada para la prestación de servicios de atención al cliente y realización de llamadas comerciales prospectivas. El objetivo de este plan es aumentar la protección de consumidores y empresas ante el creciente número de fraudes sufridos a través de este tipo de estafas.
Este Proyecto de Orden Ministerial afecta a todos aquellos operadores que presten servicios de comunicaciones vocales y operadores que proporcionen servicios de comunicaciones electrónicas de almacenamiento y reenvío de mensajes, así como a los prestadores de servicios de atención al cliente o a quienes realicen llamadas comerciales prospectivas.
A continuación pasamos a resumir algunas de las principales medidas de la norma en tramitación:
Los operadores deberán bloquear las llamadas que utilicen números que no hayan sido atribuidos a ningún servicio, asignados a ningún operador o adjudicados a ningún cliente. Igualmente, tendrán que bloquear las llamadas y SMS de numeración nacional, pero con origen internacional.
Se creará una base de datos, que gestionará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, con los usuarios que utilizan alfanuméricos en sus mensajes. Por lo que aquellos mensajes que procedan de entidades no incluidas en esta base de datos quedarán bloqueados.
Prohibición de numeración móvil para llamadas comerciales, de forma que se pueda detectar que es un fraude si se recibe una llamada desde una numeración de este tipo. Además, se permitirá con carácter general la utilización de los números 800 y 900 por parte de las entidades que tengan asignados estos números para la realización de llamadas comerciales.
Como se puede apreciar, la norma adopta soluciones para evitar que progresen las comunicaciones con manipulación del identificador de llamada, introduce mecanismos para evitar fraudes en el ámbito de la numeración y los códigos alfanuméricos identificativos de mensajes cortos y establece medidas para garantizar la correcta identificación de la numeración utilizada para la prestación del servicio de atención al cliente o para la realización de llamadas comerciales prospectivas.
Además, estas medidas están diseñadas para ser implementadas de manera escalonada, permitiendo a los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de mensajería el tiempo necesario para adaptarse a los nuevos requisitos y garantizar su cumplimiento efectivo.
Desde PwC- NewLaw-Litigación contamos con una amplia experiencia asesorando y representando a nuestros clientes en procedimientos judiciales de estafa por suplantación de identidad, tanto en el ámbito civil como penal.
