Más de la mitad de las empresas españolas ha sido víctima de algún delito económico en los últimos dos años. Así se desprende de la Encuesta mundial sobre fraude y delito económico 2018, que cada dos años elabora PwC a partir de la opinión de más de 7.000 compañías en todo el mundo. Concretamente, el 54% de las empresas españolas asegura haber sufrido algún tipo de fraude económico en los últimos dos años.
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Encuesta Mundial elaborada por PwC 2018
España se sitúa por encima de la media mundial (49%), en línea con los principales países de nuestro entorno, como Reino Unido (50%), Alemania (50%) y Estados Unidos (53%). Desde 2009, el porcentaje de empresas españolas afectadas por fraudes y delitos económicos ha crecido casi veinte puntos –del 35% al 54%-. Un incremento que tiene que ver con:
Los daños para las empresas víctimas de delitos económicos son múltiples: los costes económicos directos -en España el 66% de los encuestados asegura haber tenido pérdidas por encima de los $100.000 como consecuencia del delito más grave experimentado en los últimos dos años-, los costes indirectos -abogados, investigaciones internas, externas, etcétera- y los daños que afectan a otros aspectos de las compañías como la reputación o la percepción de los empleados.
La apropiación indebida de activos es el principal tipo de delito del que son víctimas las empresas españolas seguido de la corrupción y el soborno, la manipulación contable, y el ciberfraude.
De los encuestados a nivel global que aseguraron haber sufrido un delito económico en los últimos dos años, un 45% fue víctima de apropiación indebida, un 31% de ciberataques, un 29% de fraudes en compras y un 25% corrupción y soborno.
En este contexto económico y tecnológico, y ante el aumento de los casos de fraude detectados y su repercusión, es indispensable, seguir desarrollando medidas de prevención que eviten los daños y minimicen la presencia de los delitos económicos en las organizaciones. La utilización de técnicas de detección de fraude basadas en tecnologías de análisis predictivo de datos está siendo cada vez más relevante en la prevención y detección de delitos económicos.
En concreto, los principales mecanismos que utilizan las empresas españolas para detener el fraude y delito económico son las auditorías internas (según el 17% de las empresas en España), el análisis de datos (17%) y los canales de denuncias (14%). A nivel global, también aseguran que el mecanismo de control más habitual en la detención del fraude son las auditorías internas.
En los últimos dos años, el 69% de las compañías españolas ha aumentado el presupuesto destinado a luchar contra el delito económico y un 58% tiene previsto seguir haciéndolo durante los próximos dos años.
Asimismo, el 75% de las organizaciones afirma disponer de un programa formal de ética empresarial y cumplimiento normativo, frente al 52% que en la Encuesta de 2016 declararon tener implantado el programa correspondiente.
Precisamente, los encuestados consideran que los delitos derivados de los ciberataques van a ir ganando peso significativamente durante los próximos dos años, aumentando tanto en número como en impacto.
En parte, esto se explica por el auge de las nuevas tecnologías, las cuales han habilitado a los defraudadores a perseguir objetivos más estratégicos, así como a aumentar la sofisticación y complejidad de sus métodos. Este panorama reclama una nueva visión por parte de las empresas respecto a la naturaleza polifacética de las ciberamenazas.
“El fraude, en cualquiera de sus categorías y, en especial, el cibercrimen, ha derivado en nuevas amenazas que afectan a todas nuestras organizaciones, como consecuencia de la vertiginosa rapidez con la que evoluciona la tecnología y la dificultad de las organizaciones en encontrar el equilibrio entre la oportunidad y el riesgo que conlleva”.