Termina febrero y a estas alturas del año por fin se ha completado la maquinaria normativa a través de la cual las empresas cumplen sus obligaciones con la Seguridad Social. Siendo una obligación constante, que se actualiza cada año en sus dimensiones fundamentales, lo lógico es una secuenciación ordenada, de tal modo que cuando comience cada periodo anual (o acabe de hacerlo) se disponga de todos los datos con los que poder realizar adecuadamente este cumplimiento. No siempre ocurre así, y este año la cosa ha sido especialmente complicada: no ha habido Ley de Presupuestos Generales del Estado, el lugar natural para muchas de estas medidas; y la norma destinada a cubrir esta carencia, el conocido como “Real Decreto-Ley Omnibus” de diciembre de 2024 fue derogado en el Parlamento.
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