El martes 21 de febrero de 2023 se publicaba en el BOE la esperada Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante, la “Ley de Protección del Informante” o la “Ley”) al objeto de transponer la denominada Directiva de Whistleblowing.
Como continuación de la nota que elaboramos con motivo de la aprobación del correspondiente Proyecto de Ley en septiembre de 2022, en la presente nota, en primer lugar, expondremos sistemáticamente los términos en los que finalmente se tendrán que configurar los denominados sistemas internos de información que van a resultar de implantación obligatoria en un número relevante de entidades privadas (aquellas con más de 50 empleados) y en todas las entidades del sector público, y, en segundo lugar, destacamos otros aspectos relevantes de la reciente ley.
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