Más de 11 años han transcurrido desde que se modificó la normativa del Impuesto sobre Sociedades con el fin de garantizar la recuperabilidad de determinados activos por impuesto diferido, que siguieran computando como capital, en línea con la regulación vigente en otros Estados de la Unión Europea, reforzando, por ello, el patrimonio de las sociedades españolas y permitiendo que las entidades de crédito españolas pudieran operar en un entorno competitivo homogéneo.
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