El Proyecto de Ley obliga al Estado, en su propio texto legal, a respetar la competencia legislativa que las Comunidades Autónomas (CCAA) han asumido, en exclusiva, en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, por lo que prevalecerá la normativa autonómica que, en su caso, se apruebe, sobre el contenido que a este respecto se recoja en la Ley.
Sin perjuicio de lo anterior, algunas de las novedades recogidas en el Proyecto de Ley encuentran amparo en las competencias que la Constitución atribuye al Estado.
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